La Fiscalía de Perú presentó este lunes una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte “como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado” por el caso conocido como ‘Rolexgate’, relacionado con varios relojes de lujo que la mandataria lució sin haber declarado.
El juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú Juan Carlos Checkley había anteriormente declarado infundada la tutela de derechos presentada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la investigación por delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y omisión de declaración por el conocido como Caso Rolex.
La defensa de Boluarte alegó una vulneración del derecho a la defensa y de igualdad ante las partes porque la Fiscalía no le habría permitido intervenir en diligencias de extracción de información de fuente abierta. Es decir, informes publicados en diferentes medios de comunicación.
Checkley escuchó al abogado defensor Eduardo Barriga, que dijo que Boluarte ha visto «violados sus derechos constitucionales al ser objeto de diligencias fiscales sin presencia de su defensa técnica». El fiscal Hernán Mendoza alegó que las actas tienen contenido de fuente abierta y que no existe una causal para declarar nulos estos documentos.
Finalmente el juez declaró infundado el recurso en un documento con firma del pasado 24 de mayo que destaca que «no es necesaria» una disposición expresa sobre la recogida de información de fuente abierta.
Boluarte está siendo investigada por un delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones. La Policía y la Fiscalía llegaron a registrar el Palacio de Gobierno y la residencia personal de la mandataria.
Los relojes y joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial no justificado, según la investigación, motivo por el que la oposición liderada por el partido Perú Libre, así como otras formaciones políticas, tratan de someter a la mandataria a una moción de censura por incapacidad moral.
