Gran triunfo del pueblo panameño contra la minera canadiense. La Corte Suprema de Panamá revocó, el 28 de noviembre, la polémica ley 406, normativa que permitía la concesión de la mayor mina de cobre de Centroamérica a una empresa de Canadá, la First Quantum Minerals, luego de intensas movilizaciones en el país. Fue una gran victoria de los movimientos sociales y populares en Panamá en contra del extractivismo y los abusos de las corporaciones norteamericanas. Costó meses de luchas en diferentes ámbitos del país y cuarenta días de intensa movilización que tuvo que enfrentar la brutal represión policiaca, así el pueblo en pie de lucha logró presionar para revocar la ley que ya había sido aprobada por el Congreso de ese país, actuando de espaldas a su pueblo para satisfacer a las corporaciones extranjeras. Esa corporación explota desde 1997 la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica y se le considera un enclave neocolonial. El avance de las políticas extractivistas en la región también ha tenido un impacto sobre el reconocimiento y la tenencia de tierras de pueblos originarios y comunidades locales.
La decisión se tomó luego de que las protestas estallaron el 20 de octubre y paralizaron al país casi por completo. El fallo fue dictado, el día en que Panamá conmemora su independencia de España.
Durante las últimas semanas, la atención del país se concentró en la Corte donde se discutía la validez de la ley. Ambientalistas, docentes, obreros de la construcción, artistas, campesinos, estudiantes, pueblos indígenas, abogados, académicos, entre otros, hicieron vigilia frente al Palacio de Justicia Gil Ponce, ubicado en Ancón, para pedir la inconstitucionalidad del contrato. Con música, tambores y consignas que decían: “Esta Patria no se vende, esta Patria se defiende”.
Los sindicatos obreros jugaron un papel central, todos se movilizaron, en particular el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTE). Sin duda ellos han sido el motor de la movilización a escala nacional. Las y los maestros se declararon en huelga desde el 23 de octubre y siguieron su lucha a pesar de que el Ministerio de Educación les retuvo su salario de la segunda quincena de noviembre. Su huelga indefinida fue acordada en rechazo al contrato minero firmado entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A. y así, los 17,500 maestros fueron un motor para el movimiento social que triunfó a pesar de la represión estatal. Cuatro personas fueron asesinadas por las fuerzas del orden y alrededor de 1,500 aprehendidas por la Policía Nacional a partir del inicio de las manifestaciones contra la Ley 406. Los educadores Abdiel Diaz Chávez e Iván Rodríguez Mendoza, fueron ultimados a tiros el pasado 7 de noviembre en medio de un bloqueo vehicular en la provincia de Panamá Oeste. En este tipo de agresiones, se involucraron autoridades locales de distintas regiones, como parte de una campaña de desprestigio hacia la protesta social. El fotoperiodista, Aubrey Baxter, miembro del colectivo Ya es Ya, el 19 de octubre recibió el impacto de un proyectil en su ojo derecho y perdió la vista. En Panamá, las denuncias de abuso de la fuerza policial se incrementaron en medio de las protestas masivas que vivió el país.
Las protestas que generaron parálisis económica por los bloqueos que efectuaron los activistas, también obedecen a los impactos ambientales de la minera que está ubicada en un espacio protegido al que están contaminando. Entre los días 13 y 16 de junio, en la Ciudad de Panamá, se efectúo la Primera Semana Climática Mesoamericana, donde líderes de pueblos originarios y comunidades locales dieron a conocer sus experiencias en defensa del agua y el territorio, resiliencia climática, recursos biológicos y la diversidad cultural.
La movilización fue efectuada por todos los sectores de la población, tanto rurales como urbanos, en las diez provincias de Panamá salió la gente a las calles a exigir el cierre de la minera y el fin del leonino contrato con First Quantum, del cual Panamá no obtiene casi nada.
En los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, mucha gente que estaba en plantón esperando el anuncio de los magistrados, siguieron atentamente la transmisión del mensaje a través de sus teléfonos celulares, a través de la cuenta de Youtube del Órgano Judicial hasta escuchar el anuncio del fallo por parte de la magistrada presidente María Eugenia López Arias, acompañada por los otros ocho ministros que conforman el pleno, la votación fue unánime. Por lo menos 25 artículos de la Constitución son violentados en el contrato, de acuerdo con el fallo.
Al conocerse el fallo de la Corte, los festejos se multiplicaron por todo el país, en las calles y en redes se decía que no sólo se celebraba en esa fecha la independencia de Panamá de España, sino también de Norteamérica. La multitud eufórica celebró con gritos y saltos de alegría, además de entonar el himno nacional de Panamá. Una vez que la Ley 406, considerada “una afrenta”, se declaró inconstitucional, se procedió a su publicación en la Gaceta-Oficial, quedando expulsada del sistema que rige al país dicha ley. El contrato con Minera Panamá fue autorizado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre de 2023; refrendado por el contralor general Gerardo Solís el 13 de octubre; presentado a la Asamblea Nacional el 16 de octubre, y, finalmente, aprobado en tercer debate, sancionado por el presidente Laurentino Cortizo y promulgado en Gaceta Oficial el 20 de octubre ¡todo el mismo día! Y así se aprobó el contrato ilegal de forma oscura, sin debate, en sesiones nocturnas y sin cumplir los requisitos de Ley, lo que indignó de inmediato a la población que ya está harta de la corrupción de la clase política que ya había sido develada con el escándalo de los “Papeles de Panamá”.
El derrotado presidente panameño, Laurentino Cortizo, que está en su último año de gobierno y enfrenta elecciones en seis meses, afirmó en redes sociales que acata la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Con este fallo, el Ejecutivo tendrá que ordenar, en el corto plazo, el cese de las operaciones de la mina. Además, pidió la renuncia al ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, responsable de la firma del contrato espurio. El sindicato Suntracs calificó el resultado emanado de la Corte de victoria popular y de un triunfo del pueblo en la calle. Al haber alcanzado su demanda los manifestantes comenzaron a levantar algunos bloqueos de carreteras y avenidas.
Es sabido que las mineras canadienses, como la First Quantum Minerales, tenedora del 90% de acciones de Minera Panamá, cuentan también con capitales estadounidenses. Si hace 202 años se derrotó al colonialismo español, hoy se tuvo una señalada victoria del pueblo panameño sobre el extractivismo neocolonial, que asola a los países de América Latina y el Caribe, desde México hasta la Patagonia.
Los pueblos buscan un nuevo tipo de minería donde se recicle, se sustituya metales por materias biodegradables, se elimine la obsolescencia programada y que no destruya la biodiversidad ni la naturaleza.
En reacción, la Minera Panamá S.A. (MPSA) anunció que desde el pasado 29 de noviembre inició un proceso contra el país ante la Corte Internacional de Arbitraje y chantajeó informando que el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá, que aporta la corporación, desaparecería con el cierra de la mina, además anunció que despedirá a 7,000 trabadores.
Asimismo, las empresas First Quantum Panamá, Minera Panamá y Franco-Nevada Corporation dieron a conocer que van a presentar demandas arbitrales contra la República de Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, argumentado violación de los compromisos del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.
Es conocida la abierta tendencia del CIADI para favorecer a las corporaciones extranjeras, y también que la mayoría de los “árbitros” son ciudadanos de estas potencias, inclinados a favorecer las empresas multinacionales de las cuales procede la mayoría de sus árbitros. Esta fue la situación que llevó a Ecuador y a Venezuela a retirarse de esa institución, pues el CIADI ha fallado contra los estados y el bien público en la gran mayoría de las demandas de corporaciones extranjeras sometidas a su arbitraje.
La lucha generalizada y unitaria que logró frenar a la minera, es producto de años de movilizaciones en Panamá de múltiples sectores, como las y los trabajadores de la Salud que en las calles han exigido insumos básicos para atender la crisis. Las y los maestros advirtieron que regresarán a las aulas hasta que se les pague la quincena de noviembre y se instaure una mesa de diálogo con las autoridades para levantar el paro de labores. Por su lado, las víctimas de uno de los mayores envenenamientos en el mundo con el químico dietilenglicol, continúan exigiendo justicia organizados en el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida (COFADESAVI) y realizando manifestaciones en las inmediaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) en la ciudad de Panamá, ese accidente masivo se destapó hace ya 17 años y la lucha sigue. Otra de las protestas recientes fue ocasionada por el aumento del precio de la gasolina, de la canasta básica y el desabasto de alimentos por el desempleo en contraste con los altos salarios y privilegios de los funcionarios del gobierno, mientras que los trabajadores se han movilizado por un aumento al salario mínimo que ayude a satisfacer las necesidades básicas de la población. Por su parte, los trabajadores universitarios en Panamá exigen mejores condiciones de trabajo, que van desde el incremento del salario mínimo hasta el cese del acoso laboral. Este jueves 4 de mayo, los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá (SINTUP) celebraron una Asamblea General para levantar su pliego de peticiones. Además, organizaciones de jubilados buscan aumentar las actuales pensiones. En abril de 2022 los trabajadores del Canal de Panamá exigieron respeto al régimen laboral en la empresa más importante del estado panameño. Por otro lado, en mayo pasado se desarrolló una huelga de hambre por líderes exigiendo al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que no se desaloje a comunidades de sus asentamientos informales que fue dispersada por la policía antimotines.
La lucha ha sido larga y el pueblo ha estado al pie del cañón desde 1964 cuando izaron la bandera panameña en la zona del Canal, dicha movilización fue reprimida por el ejército dejando un saldo de 21 muertos y más de 300 heridos. Omar Torrijos encabezó el esfuerzo por recuperar la zona del canal, logrando la firma del Tratado Torrijos-Carter para que en el año 2000 quedara en manos panameñas y es asesinado el 31 de agosto de 1981 cuando su avión explotó en el aire, hay evidencias de que fue un atentado de la CIA, lo que fue ratificado en el libro de John Perkins “Confesiones de un sicario económico”. Un 20 de diciembre de 1989, EE.UU con 27,000 soldados invade Panamá y 7,000 personas fueron asesinadas, muchas enterradas en fosas comunes.
El tipo de gobierno desarrollado luego de 21 años de dictadura y de la invasión de los Estados Unidos en 1989, ha traído injusticia y desigualdad por lo que se promueve una Nueva Constitución. También se ha posicionado en el movimiento popular, la iniciativa de proceso constituyente en Panamá de cara a elecciones generales de 2024 en medio del deterioro institucional que se ha profundizado durante últimos 30 años.
La lucha del pueblo panameño, silenciada por los grandes medios de comunicación, es ejemplar y muestra lo que puede hacer la unión, la organización y las posturas firmes en defensa de los derechos nacionales y populares. Esta gesta merece ser aplaudida y difundida, pues marca pauta a los pueblos de Latinoamérica y El Caribe.
