Estamos en un momento clave para transformar a México y lograr la soberanía y autosuficiencia alimentaria en el país. La ruta es la agroecología, el fomento de los cultivos a nivel local en comunidades y municipios, en los últimos años se han tenido grandes avances. Es clara la necesidad de eliminar los agroquímicos y desarrollar un proyecto sustentable que nos libere de las cadenas de las corporaciones extranjeras dedicadas al agronegocio.
En México, se había dado un paso adelante cuando, el 31 de diciembre de 2020, entró en vigor la nueva política sobre el glifosato. Se determinó que debería sustituirse gradualmente por alternativas que no afecten la salud humana y el ambiente, así que se comenzó a trabajar por la sustitución de las fórmulas que contienen glifosato, para erradicarlo totalmente de la vida agrícola en el país y por un nuevo modelo agroecológico que impulse a los pequeños y medianos productores, cerrando puertas al nuevo latifundismo agroindustrial que se desarrolló en el neoliberalismo.
El presidente López Obrador declaró en 2020, que el propósito del decreto es poner «el poder político ante todo al servicio del interés público», del «bienestar general de la población», y «no de los intereses privados». Para ser «congruente con las tradiciones agrícolas de México» logrando la autosuficiencia y la soberanía alimentaria.
En respuesta, las sucesivas administraciones estadounidenses han presionado de manera brutal al gobierno mexicano para que revoque el decreto que afecta sus intereses. Varios documentos filtrados exponen cómo altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos han trabajado estrechamente con Bayer-Monsanto para obligar a México a dar marcha atrás. (Kenny Stancil, «Los correos electrónicos revelan que funcionarios estadounidenses se unieron al gigante agroquímico Bayer para detener la prohibición del glifosato en México», Common Dreams, 16 de febrero de 2021).
Para privilegiar sus ganancias a costa de lo que sea, las corporaciones trasnacionales y diversas empresas agrupadas en el Consejo Nacional Agropecuario, han impulsado desde hace décadas un paquete tecnológico que incluye: transgénicos, el uso intensivo de maquinaria agrícola y de agroquímicos, uno de los importantes es el glifosato, producido por DuPont, Bayer-Monsanto y Syngenta. Este agroquímico, además de otorgarles grandes ganancias a corporaciones norteamericanas y europeas, vuelve a los productores dependientes de sus productos.
Los productores sometidos a empresas transnacionales pierden su soberanía, autonomía y modifican las prácticas ancestrales, destruyendo la agrobiodiversidad y el patrimonio natural y cultural, que son la base fundamental para un verdadero desarrollo sostenible. Así, se colocan los intereses corporativos por encima del bienestar y desarrollo nacional, dejando a un lado las verdaderas alternativas sustentables. Además, se incrementa el costo de producción al tener clientes cautivos.
El modelo agroindustrial está dominado por los monopolios agroalimentarios, encabezados por seis gigantes, quienes suministran los principales insumos (maquinaria, semillas, plaguicidas, fertilizantes químicos y organismos genéticamente modificados). Estos corporativos presionan a los gobiernos para que se legisle en favor de sus intereses y se eviten reformas que reduzcan o impidan sus ganancias.
El decreto inicial de prohibición del glifosato fue sustituido por otro, del 13 de febrero de 2023, en el que el plazo para prohibir definitivamente el glifosato terminaba el 31 de marzo. A partir del 1 de abril, México debía estar libre de las importaciones del agrotóxico.
En lugar de cumplir con el decreto de 2020, las secretarías de Economía (SE), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informaron a punto de cumplirse el plazo, que se seguirá importando glifosato hasta “encontrar opciones que estén disponibles en las cantidades necesarias, asociadas a las cadenas de comercialización a nivel nacional y que sean accesibles en costos para todo tipo de productor”. Este comunicado engañoso, dictado por las grandes corporaciones significa un gran retroceso y una mentira pues sí que existen alternativas, no solo al glifosato, sino a todo el modelo agrotóxico. Al respecto la Conacyt, dirigida por María Elena Álvarez-Buylla, así como el subsecretario de Agricultura, Víctor Suarez, sí hicieron su tarea y lo han demostrado plenamente.
Como lo señala el pronunciamiento del 22 de marzo de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País:
“El Decreto no se refiere a sustituir el glifosato por otro producto específico, sino a cambiar el modelo agroindustrial de producción de alimentos, para lo que el Conacyt ha difundido alternativas y experiencias exitosas de producción agroecológica implementadas junto con la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Seder a través de sus programas Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, ha demostrado que la producción sin glifosato es viable.
Con la implementación de la agroecología, en más de cinco millones de hectáreas y con la participación de casi dos millones de agricultoras y agricultores de pequeña y mediana escala, han visto aumentos en los rendimientos y mejoras en las ganancias, así como una importante reducción del uso de agroquímicos tóxicos.”
Prorrogar el uso de los peligrosos agrotóxicos para lo que consume nuestra población no sólo es irresponsable, sino criminal. El reconocido periodista de investigación, Zósimo Camacho, ha dado a conocer en la Revista Contralínea la existencia de más de mil artículos científicos que han vinculado el glifosato con cáncer, encefalopatías, autismo, parkinsonismo y malformaciones, calificando al glifosato, peligroso herbicida como “mata todo”.
Cabe agregar que el glifosato está prohibido parcial o totalmente en Francia, Austria, Australia, Inglaterra, Malasia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Malta, Eslovenia, Suiza, Austria, Malawi, Vietnam y Sri Lanka, Tailandia y Bermudas. Aunque en algunos lugares como en Tailandia algunos observadores creen que se revirtió una prohibición del glifosato después de la presión de los funcionarios estadounidenses y de Bayer-Monsanto. (Patpicha Tanakasempipat, «Bayer campaign against glyphosate ban revealed» (Bangkok Post, 18 de septiembre de 2020).
Desde el ala neoliberal del gabinete actual, los cabilderos del glifosato trabajaron hasta lograr la suspensión de una medida, urgente, necesaria e impostergable pues, como afirma el científico Víctor Toledo, la “indudable revolución agroecológica de la cuarta transformación ha quedado cautiva de corporaciones”.
Las corporaciones como Bayer, propietaria de Monsanto, con gran capacidad económica para acercarse aliados, no se quedaron quietas, se defendieron con todo y contaron con el apoyo del corrupto poder judicial obteniendo de un juez amparo provisional contra la prohibición del herbicida. Para septiembre de 2021 las poderosas industrias que monopolizan la producción alimentaria ya habían presentado 26 amparos en contra del decreto presidencial de diciembre para la eliminación gradual del uso del glifosato, que se sustentó en el orden público internacional, como son los acuerdos en materia de derechos humanos que están por encima del derecho comercial internacional.
Los detractores del atinado decreto presidencial de 2020 arguyeron la existencia de acuerdos comerciales internacionales como el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y la supuesta violación a sus lineamientos para anular el decreto. Sabemos que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado por Salinas de Gortari, Mulroney y Bush, la producción agrícola nacional ha sufrido crecientes embates por parte de las corporaciones extranjeras. Ahí se atrincheraron los defensores del glifosato para defender su negocio de muerte. Y lo es en efecto, un estudio ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encabezado por la científica María Elena Álvarez-Buylla, revela que el glifosato ha dejado en México una estela contaminante, dispersa en cultivos y aguas. Los resultados son desalentadores: hay presencia de este herbicida carcinógeno en tortillas, harinas, leche materna, sangre y orina, pero también en Áreas Naturales Protegidas.
Hay todo tipo de afectación al ambiente, las aspersiones con glifosato han generado, un impacto radical a la población de abejas responsables de la polinización del 70 % de las plantas que consumimos. Las dosis que son arrastradas por el viento dañan los cultivos que no son modificados genéticamente, como las plantas silvestres. Al ser un herbicida de alto espectro, pone en riesgo a las plantas en peligro de extinción, y afecta a árboles y arbustos cercanos. Hay contaminación en las capas superiores del suelo, aguas, se ha encontrado en cosechas de alimentos como moras azules, fresas, lechugas, zanahorias y cebada. Los efectos son letales en peces. En las aves es moderadamente tóxico, pero al perderse los cultivos silvestres afecta a las aves que se alimentan de éstos. También afecta el desarrollo de lombrices de tierra.
En la Revista Contralínea, Erika Ramírez dio a conocer, en septiembre 2020, el “Expediente científico sobre el glifosato y los cultivos transgénicos”, donde documenta que el agroquímico, introducido al mercado por la trasnacional Monsanto desde 1974, tiene una correlación entre el aumento de más de 20 enfermedades: oncológicas, endocrinas, metabólicas y neurodegenerativas, así como trastornos sistémicos. Se sabe que Bayer aceptó un acuerdo para pagar 10.900 millones de dólares y terminar con 125,000 demandas en Estados Unidos por casos de cáncer provocados por los pesticidas. Por ejemplo, un jardinero de una escuela de California que usó glifosato en sus funciones recibió recientemente, por parte de un jurado, $289 millones en daños y perjuicios, después de que contrajo un caso terminal de linfoma no Hodgkins.
En su pronunciamiento, la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País asevera: “Insistimos en la peligrosidad comprobada del glifosato, clasificado como agente probablemente carcinógeno para los seres humanos (Grupo 2A) por la International Agency for Research on Cancer (IARC); y como plaguicida altamente peligroso (PAP), por la Pesticide Action Network International (PAN) y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), entre otras; clasificación retomada en la respuesta de México a Estados Unidos, en el Panel de solución de controversias del T-MEC.”
Lo que alguien llama que es una pausa, no es admisible, la medida de prohibir el glifosato es urgente y necesaria. Nos unimos al llamado de Sin Maíz no hay País:
¡Ni un paso atrás en la prohibición del uso del glifosato!
