Injusta y horrible, así fue la muerte de los 40 migrantes el pasado 27 de marzo en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua del Instituto Nacional de Migración. “Un grupo de migrantes pequeño comenzó a destruir y acumular las colchonetas para prenderles fuego”, declaró la fiscal Sara Irene Herrerías quien lidera la investigación; murieron por el humo del incendio al protestar al interior de la Unidad ante el temor de ser deportados. Todos eran hombres ya que las mujeres y niños estaban en otro espacio.
Estaban todos encerrados. “Ninguno de los servidores públicos, ni los policías de seguridad privada, realizaron alguna acción para abrirles las puertas a los migrantes que se encontraban adentro con el fuego”, expresó la fiscal.
La tragedia es claramente una violación hacia la condición de persona por parte del Estado. Por principio, no tenían por qué estar encerrados en celdas como si estuvieran en la cárcel.
Ser una persona migrante no es un delito. La migración es un fenómeno natural en todo tiempo de la historia y en el mundo. El hombre se mueve de su lugar de origen y residencia para encontrar mejores condiciones de vida para él y para su familia. Entenderlo requiere un análisis multifactorial que involucra al derecho internacional y, ante todo, el reconocimiento a los derechos humanos. Por supuesto el que sea natural no lo hace sencillo y menos en la migración forzada.
Es muy triste escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas o de los sobrevivientes a esta tragedia. “Vinimos con tres hijos desde Venezuela buscando una vida mejor y casi pierdo a mi marido en el incendio de Ciudad Juárez”, señaló Viangly Infante quien también comentó el duro trayecto para llegar a México al salir el 1 de agosto rumbo a Ecuador. A México llegaron el 1 de noviembre. “Mi paso por México fue más duro que la selva. Aquí a los migrantes nos venían robando, tenías que dar dinero a cada rato (…) mi marido salió a comprar medicamentos para las convulsiones de la niña (su hija) y ahí lo agarraron” expresó.
Un familiar de uno de los jóvenes fallecidos señaló: “… todos somos humanos y el migrante lo tratan como si no fuera humano, como cualquier animalito, lo amarran, lo agarran, lo patean, lo tiran y no pasa nada… Hay que tener conciencia”.
“Uno aquí sólo trabaja para el diario vivir, no hay un futuro para que sus hijos vivan, sobrevivan, aquí sólo se trabaja para el día”, expresó un familiar de uno de los migrantes muertos procedente de Honduras, un país en donde el 73 por ciento de la población vive en pobreza y poco menos del 50 por ciento tiene un empleo, según el Instituto Nacional de Estadística de Honduras.
Tanto que habla el presidente de no ser súbditos del país vecino, pero en este tema sí lo somos. Aceptamos recibir a 30 mil migrantes al mes en espera de refugio en Estados Unidos, pero no tenemos la capacidad de atenderlos ni protegerlos; pareciera que sí podemos perseguirlos, detenerlos y hacer negocio.
Lo cierto es que según la revista Proceso, el Instituto Nacional de Migración ha gastado recursos millonarios para operar, vigilar y mantener los centros de detención migratoria, dando pocos resultados en términos de protocolos y protección de las personas migrantes. Se ha utilizado la seguridad nacional como pretexto para adjudicar de manera directa, contratos a empresas fantasma cuestionadas por la auditoría superior de la Federación.
Claro que hay responsabilidad del Gobierno Federal mexicano por los principios morales que implica el reconocimiento de las personas. Por supuesto que es fundamental identificar y procesar a los culpables en el momento de los hechos, pero también es imprescindible reconocer la carencia de condiciones y protocolos que protegen la seguridad y los derechos humanos de los migrantes, omisiones graves del Gobierno.
Y aunque el presidente se diga altamente conmovido por este suceso, “…y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado(…) me partió el alma” expresó, llamó la atención que su primera reacción ante los hechos señalara la culpa a los mismos migrantes por provocar el fuego. También fue cuestionable el tira-tira entre el secretario de gobernación y el de relaciones exteriores para ver a quién le tocaba la papa caliente.
Se necesita una política migratoria que ofrezca seguridad jurídica y certidumbre social y laboral; que proteja a las personas en su integridad física, moral y emocional en todo el proceso con trámites claros, transparentes y sobre todo con apego al debido proceso. Lamentablemente no hay evidencias en México para hablar de movilidad segura y ordenada, ni que “el centro” de atención sea la persona.
Bien lo dijo el senador independiente Emilio Álvarez Icaza: “Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura…Eso es un crimen de Estado, ¡carajo!… ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia”.
Yo me pregunto, ¿cuál será la sanción para los funcionarios públicos negligentes? Creo que no llegamos a ese nivel para fincar responsabilidades.
Es una lástima que la migración sea un tema permanentemente pendiente de resolver.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com
