La idea de “la persona al centro de toda decisión” todavía no permea lo suficiente en la sociedad. Aunque hay más sensibilidad hacia el respeto a los derechos humanos, sigue habiendo conductas de discriminación en la relación y trato con los demás.
En la mayoría de los países, se vive la percepción de que hay diferentes tipos de personas que merecen un trato diferenciado por condiciones de color de piel, origen, creencias y otros atributos como edad, sexo o discapacidad. Esto se traduce en rechazo, descrédito, maltrato y lo que es peor, en negar el acceso a sus derechos humanos.
Los reportes sobre esta lamentable problemática describen entornos culturales, políticos y de desarrollo que han impactado de manera histórica y cultural a la dignidad humana y justicia social.
¿Cómo explicar la discriminación? La base de todo es la falta de información o el desconocimiento de las diferentes culturas, razas o religiones que nos hacen diferentes. Somos naturalmente diversos; otra explicación son los estereotipos o imágenes distorsionadas sobre las personas y que se transmiten principalmente en la familia. Está el fanatismo en creencias religiosas o políticas que incitan a la violencia por creer que son lo mejor o porque permiten preservar condiciones de vida. También hay factores estructurales como la desigualdad social y la falta de políticas o leyes que permitan el acceso universal a espacios y oportunidades para el ejercicio de los derechos humanos. En todos los casos, hay una falta de respeto hacia las personas por lo que se considera aceptable/inaceptable.
Por citar algunos ejemplos, Estados Unidos vive la discriminación hacia las comunidades afroamericanas, latinas y migrantes que se refleja en situaciones de justicia y acceso laboral y de vivienda. En Brasil, los pueblos indígenas viven la marginalización; en India, las castas, religión y género siguen siendo motivo de desigualdad; en Rusia hay discriminación étnica y por orientación sexual; en Brasil también hay fuertes problemas contra la población negra que se refleja en acceso a educación, empleo y justicia; en Japón, hay discriminación hacia extranjeros en temas de vivienda; en Israel, los problemas con los árabes y palestinos afectan situaciones de vivienda y empleo.
En México se identifican 10 grupos que viven la discriminación, en ellos están las personas indígenas, con discapacidad, migrantes, adultos mayores, mujeres, trabajadoras del hogar remuneradas, la diversidad religiosa y la diversidad sexual.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS, que se realiza en México desde el 2017 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el INEGI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene como objetivo profundizar en las causas y efectos de la discriminación, y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana.
Entre los resultados del reporte 2022, a nivel nacional, el 23.7 por ciento de la población encuestada manifestó haber sido discriminada durante los últimos 12 meses. Hay un incremento al comparar el resultado con el 20% reportado en el estudio realizado en 2017.
El grupo que con más frecuencia manifestó haber sido discriminado fue el de la diversidad sexual y de género con 37.3%; luego se ubicaron los afrodescendientes con 35.6%, las trabajadoras del hogar, 34.6%, y las personas con alguna discapacidad con 33.8%.
De manera general, de la población que manifestó haber sido víctima de discriminación, el 30.6% lo atribuyó a su forma de vestir o arreglo personal, por tatuajes, ropa, forma de peinarse o perforaciones; el 27.5% señaló al peso o estatura y el 24.6% a opiniones políticas.
Los actos de discriminación en contra de las mujeres tuvieron un mayor incremento respecto a las agresiones contra los hombres. En 2017 el 20.1% de las mujeres sufrieron un acto de discriminación, mientras en 2022 esa cifra incrementó a 24.5%. En el caso de los hombres, en 2017 el 20.2% fue discriminado y en 2022 ese número creció a 22.8%.
Entre otros datos está que en la población de 18 años y más, el 50% estuvo de acuerdo con la expresión “la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables”. Además, el 45.8% piensa que “las personas en situación de calle provocan entornos desagradables”.
El 35.4% de la población de 18 años y más no estaría dispuesta a rentar un cuarto de su casa a una persona extranjera y, el 34.8% a alguien que tiene SIDA o VIH; y el 33.4% a personas transgénero, transexuales o travestis.
Hay otros resultados muy interesantes con respecto a la población migrante, indígena y con discapacidad. Es un reporte muy completo y que refleja la cruda realidad cotidiana en nuestro país en este tema.
Es un hecho que necesitamos seguir trabajando en contar con políticas públicas que castiguen la discriminación y aseguren la igualdad de oportunidades entre la población. Pero, además, educar en la sensibilidad y conciencia de que somos personas y no hay criterios más allá del reconocimiento y respeto a nuestra dignidad personal.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com
