La organización Human Rights Watch (HRW) envió este miércoles (22.05.2024) una carta al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtiendo que su decisión de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado internacional» carece de sustento y ha contribuido a «serias violaciones de derechos humanos» por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
«Según el derecho internacional, la existencia de un conflicto armado depende de un análisis objetivo de criterios sobre el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de las hostilidades», explicó HRW. Para la ONG, el Gobierno de Noboa «no ha presentado evidencias suficientes de que los enfrentamientos con los grupos criminales constituyan un conflicto armadono internacional».
Posible ejecución extrajudicial, decena de abusos
Tras entrevistar a una docena de víctimas de abusos, solicitar informaciones a instituciones del Estado, analizar 33 fotografías y videos y revisar expedientes de casos judiciales, HRW señaló que «las violaciones incluyen múltiples casos de detenciones arbitrarias y al menos una aparente ejecución extrajudicial», refiriéndose a un caso que tuvo lugar el 2 de febrero en Guayaquil, en el que dos soldados mataron a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco, a quienes las Fuerzas Armadas calificaron de «terroristas», acusándolos de haber supuestamente intentado «evadir el control, embistiendo a personal militar”.
Las entrevistas de Human Rights Watch con testigos, familiares y abogados de las víctimas, junto con videos y fotografías que fueron verificados, y documentos judiciales, contradicen la versión del Ejército.
Casos de tortura en prisión
«El Gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y sea respetuosa de los derechos humanos», señaló la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
HRW también denunció que «los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica». La organización agregó que «los soldados parecen ser responsables de algunos casos de tortura en prisión».
