El Congreso de Ecuador decidió el viernes (17.05.2024) congelar los pedidos de juicio político contra la amenazada fiscal general, Diana Salazar, que afronta un embarazo de alto riesgo.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) «resolvió suspender la sustanciación y tramitación de las solicitudes de juicio político» contra Salazar, señaló la Asamblea Nacional en un comunicado.
La determinación se tomó «en virtud de haberse demostrado que la autoridad atraviesa por un embarazo calificado médicamente como de alto riesgo (…) y con la finalidad de precautelar la vida de la madre gestante y la vida por nacer», agregó.
El CAL, máximo órgano de administración legislativa, resolvió que la suspensión del trámite de solicitudes de juicio político se extienda «hasta que se supere dicha condición» de la fiscal.
Diputados del partido opositor del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017) promueven el juicio contra Salazar para destituirla del cargo, aduciendo varias razones como el incumplimiento de funciones.
La fiscal, cuyo mandato concluirá en abril de 2025, impulsa una gran investigación llamada Metástasis, a la que describe como la piedra angular de la «narcopolítica» en Ecuador y que ha salpicado a magistrados, políticos ligados al correísmo, fiscales, policías y otros miembros de las esferas del poder.
Salazar, quien acude a las audiencias judiciales usando chaleco antibalas y rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad, ha denunciado estar amenazada de muerte.
En un video difundido el jueves por redes sociales, la fiscal anunció que está embarazada y que ha solicitado «a la Asamblea Nacional que se garantice y respete mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz y que este llegue a término sin más estrés del que ya significa llevar a cabo mis responsabilidades como fiscal general del Estado, cargo que pienso cumplir hasta el último día».
