Con la adhesión casi total de los gremios del transporte, el músculo más vigoroso para garantizar alto acatamiento en una huelga, la CGT activa hoy su segundo paro general en cinco meses contra la gestión de Javier Milei. La protesta, que durará 24 horas y será sin movilización callejera, es en rechazo al rumbo económico del Gobierno y tiene como una de sus finalidades condicionar la votación de la Ley Bases y el paquete fiscal, dos iniciativas sensibles para los sindicatos porque incluye una reforma laboral y la restitución del impuesto a las ganancias.
El impacto de la huelga, que cuenta con el respaldo político del peronismo y las fuerzas de izquierda, se encamina a ser el más contundente de los últimos 20 años. Ni las diferentes gestiones kirchneristas ni la de Cambiemos habían logrado unir el rompecabezas sindical. Hay que remitirse a la crisis de 2001 o al segundo mandato menemista para encontrar una confluencia multisectorial como la que articulará hoy. Se unirán en rechazo al ajuste y a las reformas libertarias las tres centrales obreras, movimientos sociales, organizaciones de jubilados y agrupaciones estudiantiles. Hasta se apilaron adhesiones de diferentes centrales sindicales del exterior con advertencias sobre lo que consideran un dramático aceleramiento de la crisis económica y social desde la llegada de Milei al poder.
Los impulsores del reclamo anticipan “un paro total” y proyectan comparaciones con lo que fueron las medidas contra Fernando de la Rúa, el 13 de diciembre de 2001, o la del 8 de agosto de 1996, la primera reacción masiva contra Carlos Menem. El rosario de reclamos contra el Gobierno se divide ahora en dos. Aquellos que son de impacto general, como el ajuste, la caída de los salarios y de las jubilaciones, y las consecuencias de la recesión. Y los otros son sectoriales, que tienen que ver con medidas oficiales que afectarían sustancialmente el desarrollo de diferentes actividades, como podrían ser el freno a la obra pública o la privatización de empresas públicas. El avance libertario para achicar la administración pública logró ayer algo inédito: unió a los gremios estatales de UPCN y ATE, que arrastran una rivalidad histórica, en una denuncia conjunta contra el Gobierno acusándolo de tener intenciones de “desmantelar el Estado”. El portavoz presidencial Manuel Adorni los había desafiado antes con un descuento salarial para aquellos que no asistan a trabajar.
La huelga se concreta en un contexto de alta inflación, aunque con una gradual desaceleración, con el Gobierno muy activo para regular las paritarias y dispuesto a avanzar con un ajuste del gasto público, que contempla fuertes caídas en el poder adquisitivo de los montos de los planes sociales y el salario mínimo, y también de los haberes jubilatorios.
En paralelo, avanza en un proyecto de reforma laboral más acotado de lo que pretendía imponer por decreto y la posible vuelta del impuesto a las ganancias a partir de los salarios superiores a $1.800.000, para los solteros, y a $2.200.000, para los casados con dos hijos. Esto abriría un foco de conflicto adicional con los gremios de personal con salarios más altos, como bancarios, petroleros y transportistas. Se trata del mismo tributo a los salarios que Milei, como diputado nacional, votó para eliminarlo. Eran tiempos de campaña electoral. Ahora, con este atajo, el Presidente busca compensar la caída en la recaudación de las provincias y garantizarse su apoyo a la Ley Bases, que ya obtuvo media sanción en Diputados y se debate en comisión en el Senado.
