El Tribunal Constitucional de Guatemala ha anunciado este martes que ha otorgado un amparo a la fiscal general, Consuelo Porras, ante la reforma propuesta por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, para destituirla del cargo ante sus continuos intentos para revertir las elecciones presidenciales de 2023 y de entorpecer su toma de posesión.
En este sentido, ha pedido al Gobierno que se «abstenga» de «todo acto que, fuera del marco Constitucional y legal, atente contra el mandato para el cual fue electa la postulante» y eviten acciones «que puedan coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público».
La corte también ha instado a realizar «todas las acciones que la Constitución y las leyes les imponen para prestar el auxilio que requiera» la Fiscalía para el ejercicio de sus funciones y «resguardar, en caso de ser necesario, el acceso de los usuarios y del personal a las instalaciones».
Tras esta medida, el secretario general de la Presidencia de Guatemala, Juan Gerardo Guerrero, ha subrayado que Arévalo ha actuado en dentro del marco legal y ha agregado que hará «todos los esfuerzos necesarios para depurar al país del flagelo de la corrupción».
«La Corte de Constitucionalidad no señala ningún acto concreto que el presidente, o nosotros como abogados del Estado debamos corregir. Hemos actuado bajo el marco de la Constitución y el principio de legalidad y así lo seguiremos haciendo», ha manifestado a través de su perfil en la red social X.
El domingo, poco antes de que Arévalo realizara un discurso a la nación en el que anunciaba su iniciativa para reformar la ley para que Porras «rinda cuentas y sea removida» para que el organismo «no vuelva a ser utilizado como arma política», la Fiscalía afirmó haber presentado una acción constitucional al entender que estas acciones puedan «desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida» tanto de Porras como de otros funcionarios de la institución.
El Ministerio Público denunció una «amenaza real, cierta e inminente» de que el presidente «continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y presupuestarias, así como promoviendo otras medidas de hecho que inciten a la violencia. «Estas acciones ilegítimas y arbitrarias denotan una clara intención de alterar la seguridad democrática del país y una grave amenaza para el Estado Constitucional de Derecho», indicó el organismo.
