El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos la violación de los derechos laborales a centenares de personas privadas de libertad en Cuba, quienes son sometidas a trabajo forzoso, sobre todo en la producción de carbón.
La denuncia del OCDH hace énfasis en la elaboración de carbón vegetal de marabú, destinado a la exportación, que se desarrolla “en situación inhumana”, indicaron.
El documento señala que el trabajo de los prisioneros “se consuma en muchos casos mediante vicio o contra la voluntad del reo bajo formas claras de coacción/intimidación, debido a la especial vulnerabilidad y condiciones de subordinación fáctica y legal de los reclusos al sistema penitenciario; o porque no tienen opción distinta para esquivar las precarias condiciones de vida e inseguridad existentes en las prisiones que la aceptación del trabajo en el carbón.”
El organismo recuerda que dicha práctica “no es novedosa” en Cuba.
“La representación cubana ha sido condenada enérgicamente en denuncias anteriores del presente mandato por promover el trabajo forzoso en distintas circunstancias de relación laboral, siendo llamativo y típico el rol que juegan empresas estatales en la promoción y uso indiscriminado del descrito flagelo y la especial impunidad que gozan sus ejecutantes al existir un régimen legal legitimador de la situación y una ausencia de autonomía en los tecnócratas de poderes/funciones del Estado/Gobierno para poner fin a la situación”, dice la denuncia.
El OCDH señala como “responsables directos de tan degradante práctica” a la Dirección General del sistema penitenciario y a la Empresa de Producciones Varias (PROVARI), perteneciente al Ministerio del Interior (Minint). Además responsabiliza al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la Fiscalía General.
La organización llevó a cabo una investigación con participación de un número determinante de personas privadas de libertad conminadas a la elaboración de carbón en “granjas o campamentos” penitenciarios.
Provincias como Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey destacan por concentrar el mayor número de prácticas de trabajo forzado o semiesclavitud, según el resumen de testimonios y datos compilados.
El OCDH afirma que, como mínimo, casi un millar de reclusos en Cuba están obligados a trabajar en condiciones de ilegalidad, desprotección, inhumanidad y conminados -so pena de castigo o aflicción real- a satisfacer obligaciones laborales invencibles mediante la práctica del trabajo forzoso.
Por ello, solicita a la ONU la admisión y examen urgente de las alegaciones y fundamentos y que investigue las causas y condiciones del fenómeno, para que se juzgue y condene a los responsables y se adopten las medidas y acciones políticas/jurídicas oportunas.
“El derecho a no ser sometido a la esclavitud y sus variantes, como el trabajo forzoso u obligatorio, es una norma imperativa del derecho internacional que no admite acuerdo en contrario y crea una obligación erga omnes de todos los Estados con respecto a la protección de este derecho”, añade la denuncia.
